Nuestra Ley de Seguridad Nacional del 20 de mayo de 2021, modificada y adicionada en varias ocasiones en la actual administración, nos dice que “son las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”.
Menciona que estas acciones deben proteger la nación-pueblo de las amenazas y riesgos que enfrente el país; mantener la soberanía, independencia y defensa del territorio; “conservar el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno (poderes independientes y organismos autónomos)”; mantener la unidad de las partes integrantes de la Federación (respetando tanto su soberanía y libertad estatal como su libertad municipal); defendiendo el Estado mexicano de otros estados o sujetos de derecho internacional; preservando la democracia(interna), mediante el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.
Nos agrega en su articulado que la Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, “transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación”.
Enlista 13 amenazas a nuestra Seguridad Nacional, de las que mencionaré algunas: consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, dentro del territorio nacional; interferencia extranjera en asuntos nacionales que puedan afectar al Estado mexicano; “impedir a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”; “quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación”; “obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”; obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos; “ilícitos en contra del fisco federal” (de reciente inclusión).
Analizando los tres objetivos constitucionales, replicados en nuestra renovada Ley de Seguridad Nacional vigente:
La “integridad territorial” es el privilegio del Estado-Gobierno por “mantener intacto y bajo su soberanía el territorio nacional”; México enfrenta la creciente presencia de un poder interno que va superando al Poder del Estado-Gobierno tanto en el ámbito geográfico como en los ámbitos político, económico y social, construyendo una estructura organizada, equipada y capacitada, que le permite confrontar a las fuerzas de seguridad pública y armadas; con una gran capacidad económica que somete, “teniendo como respuesta reiterada, la tolerancia y consentimiento de la máxima autoridad responsable”.
…. nuestro Estado-Gobierno NO ejerce su soberanía en gran parte del territorio nacional y NO realiza acciones para recuperarla.
La “estabilidad” depende de la capacidad del Estado-Gobierno para evitar y enfrentar con éxito las amenazas, fortaleciendo la paz y tranquilidad como condición de seguridad para alcanzar la prosperidad.
Actualmente las acciones que marca la nueva Ley de conservar el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Gobierno, como la independencia entre poderes, la autonomía de organismos de control gubernamental y la unidad de las partes integrantes de la Federación; “son objeto de un incomprensible e incongruente embate por parte del Gobierno Federal”.
…. con gran semejanza a una amenaza, de las definidas en la Ley de Seguridad Nacional.
Respecto a la “permanencia”, es la acción de subsistir en un mismo lugar, condición y situación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se protestó cumplir y hacer cumplir, que determina somos una República, democrática, representativa, independiente, libre, soberana y laica; así como los principios que la nueva Ley de Seguridad Nacional tiene establecidos;
Se ven diluidos en un intenso discurso recurrente y distorsionador, donde las frases reiteradas impiden la construcción de conceptos y proyectos, que siempre tienen un principio y aún no concretan un fin definido.
…. prevalece la carga ideológica en la retórica y la falta de resultados en la praxis.
La Ley que nos ocupa establece objetivos, acciones, principios y amenazas que el Estado-Gobierno “debe” atender para obtener la paz y tranquilidad que da seguridad para alcanzar la prosperidad que encarna el bienestar de todos los mexicanos.
…. este ordenamiento nos define un sistema de planeación, induciendo protocolos de operación a cumplir.
Los acuerdos con la nueva administración de EUA, su puesta en operación y algunos cambios recientes en actitudes dan indicios de empezar a hacer lo que se debe…. ¡Ojalá!
* El autor de esta colaboración es General de División Diplomado de Estado Mayor y Maestro.