La autoridad “interviene” en el contexto de la seguridad pública mediante la participación coordinada de las instancias de seguridad y justicia gubernamentales y la ciudadanía organizada, atendiendo las múltiples causas que agobian la paz pública, vulneran la convivencia de los ciudadanos y la protección de sus bienes.
El primer intento de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para intervenir en seguridad pública, fue la “Ley que establece las bases de la coordinación del sistema nacional de seguridad pública”, DOF 11diciembre1995. Última reforma DOF 23agosto2004.
Para construir nuestro actual Sistema Nacional de Seguridad Pública; establecer políticas de SgdPub; ejecutar, supervisar y evaluar sus acciones; desarrollar lineamientos, protocolos e instrumentos para la organización, funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia y la formación de sus integrantes; establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados todos los instrumentos de información; y, concebir, preparar y conducir un Programa Nacional de Seguridad Pública.
Las intervenciones policiales y de justicia “deben realizarse en un área geográfica considerada critica”, sujetarse a un Mando Único (la unidad de mando es determinante), privilegiando el respeto a la soberanía estatal y la libertad del municipio, participando instancias policiales tanto preventivas como de investigación federales y locales.
En el caso de delincuencia organizada, acompañadas siempre de personal de SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), para sustentar y supervisar la legalidad de las acciones, coordinar con las instancias de persecución del delito, procuración de justicia locales y de la administración de justicia para el desahogo de las diligencias que procedan.
Atender la aplicación puntual de la legalidad, legitimidad, racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza y con el respeto irrestricto de los derechos de todos los ciudadanos, ya sean espectadores o detenidos, privilegiar el trabajo de inteligencia, sustentando toda operación con información veraz y con antecedentes jurídicos y penales.
La intervención con fines de seguridad pública demanda enriquecer su actuación haciendo coincidir a todos los elementos que inciden en la seguridad y la justicia, definiendo qué se va a prevenir o corregir, para quiénes, cómo, dónde, cuándo; las estrategias, programas y acciones a instrumentar deben variar en función de esto.
La delincuencia ha evolucionado, permeando el tejido social y sustituyendo en buena medida la autoridad en regiones geográficas definidas.
El panorama de seguridad y justicia es complejo en cada uno de sus componentes y las intervenciones de la actual administración no reflejan resultados que evidencien avances en la pacificación.
Los cada vez más austeros recursos, la falta de continuidad e inadecuada adaptación a la realidad nacional exponen la necesidad de una revisión detallada a los órganos federales, estatales y municipales, incorporando la participación activa de la sociedad.
La pérdida de confianza al sistema de procuración de justicia ocasionada por el temor a denunciar, la recurrente e infructuosa persecución del delito con criterios políticos; la falta de vinculación entre diferentes casos y la incapacidad para identificar patrones delictivos por parte del ministerio público, “tienen atrapado el proyecto del Ministerio Público autónomo entre expectativas imposibles y cálculos de conveniencia política”.
La administración de justicia tiene una organización complicada, muchas veces corrupta, su independencia judicial vulnerada y Judicatura cooptada.
El hacinamiento en las cárceles, recortes presupuestarios; falta de análisis y diagnósticos apropiados sobre las condiciones carcelarias obstaculizan la reinserción; la sobrepoblación penitenciaria desbordada en la década pasada por la lucha contra el crimen organizado, continúa hoy, creciendo las condiciones negativas generadas.
Con todos estos problemas, tener un sistema de recopilación y análisis de información que genere producto de inteligencia, como elementos de juicio sólidos para el tomador de decisiones, se vuelve inalcanzable.
Se torna demandante la reingeniería de las instancias que atienden la seguridad y justicia, redefiniendo sus modos y formas; exaltando la colaboración y cooperación, “atendiendo las causas detectadas y establecidas en el plan más las que vayan surgiendo”.
Ingenuo considerar, además, que se puede intervenir en el contexto de violencia criminal que vivimos: simultánea, permanente y exitosamente todo nuestro dilatado país con una estrategia pasiva y permisiva; “todo y nada se vuelven lo mismo”.
La prometida pacificación se transforma en el principal desafío; la restauración del tejido social y el retorno a la convivencia sana entre ciudadanos exige transitar de la infructuosa retórica a la intervención coordinada y permanente en seguridad pública y justicia. Los tiempos para atenderlo se van reduciendo.
* El autor de esta colaboración es General de División Diplomado de Estado Mayor y Maestro.